Titulo: DERECHOS HUMANOS: Crece ofensiva por control de actividad de CIA
WASHINGTON, 29 mar (IPS) Grupos de derechos humanos exigieron al
gobierno de Estados Unidos el control del reclutamiento de agentes
de inteligencia en el extranjero, al revelarse la responsabilidad
en dos asesinatos de un militar guatemalteco colaborador de la
CIA.
La organizacion Human Rights Watch solicito este martes al
presidente Bill Clinton la correccion de ''serios defectos'' en la
legislacion que regula la actividad de la CIA (Agencia Central de
Inteligencia).
La carta enviada a Clinton por el director ejecutivo de Human
Rights Watch, Kenneth Roth, sucedio a una iniciativa de Amnistia
Internacional, que reclamo a la administracion estadounidense la
investigacion y la publicidad de actuaciones de la CIA.
La solicitud de Amnistia Internacional se refiere
especialmente al pago y entrenamiento de agentes extranjeros
culpables de violacion de derechos humanos.
El representante democrata Robert Torricelli identifico la
semana ultima al coronel Julio Roberto Alpirez como el autor de
la orden de asesinato en 1990 del ciudadano norteamericano
Michael DeVine y en 1992, del comandante guerrillero guatemalteco
Efrain Bamaca Velasquez, quien habia sido capturado.
Torricelli, miembro del comite de Asuntos de Inteligencia de la
camara de Representantes, denuncio que Alpirez, registrado en las
nominas de la CIA, resolvio matar a DeVine cuando este descubrio
una operacion de contrabando realizada por militares
guatemaltecos.
Alpirez, que tambien recibio instruccion en lucha
contrainsurgente en la Escuela de las Americas, del Pentagono,
superviso luego, segun la version de Torricelli, la tortura y
asesinato de Bamaca, un dirigente guerrillero casado con una
abogada estadounidense, Jennifer Harbury.
Mike McCurry, portavoz de Clinton, aseguro que el presidente
intenta despedir a los miembros de la CIA que no informaron a las
autoridades acerca de las responsabilidades atribuidas a Alpirez.
Al respecto, habria sido removido el jefe de la oficina de la
CIA en Guatemala.
El diario Los Angeles Times destaco que la CIA ha cultivado
tradicionalmente relaciones con militares cuya participacion en
torturas, asesinatos y actos de extorsion los caracteriza ''casi
como gangsters comunes''.
La lista de agentes contratados por la CIA en America Latina
comprende al ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Panama general
Manuel Noriega, depuesto en 1989 por fuerzas norteamericanas de
intervencion.
Tambien figura el general Raoul Cedras, lider del regimen
militar que goberno Haiti hasta septiembre de 1994, cuando un
contingente internacional encabezado por Estados Unidos devolvio
al poder al presidente Jean-Bertrand Aristide.
Asi mismo, la agencia de inteligencia habria reclutado al menos
a un dirigente del Frente Revolucionario para el Avance y el
Progreso de Haiti, una organizacion paramilitar acusada del
asesinato de partidarios de Aristide.
La informacion difundida alude tambien a militares senalados
como responsables de los escuadrones de la muerte que actuaron
durante la guerra civil de El Salvador, como los coroneles Nicolas
Carranza, ex jefe de la Policia del Tesoro, y Roberto Mauricio
Staben.
Los grupos humanitarios agregaron que a principios de la decada
de 1980, la CIA organizo un escuadron de la muerte en Honduras,
conocido como el batallon 3-16, que ha sido disuelto.
Amnistia Internacional senalo que el publico norteamericano
tiene derecho a conocer la actividad de la agencia de
inteligencia.
''La CIA debe ser investigada por una comision digna de credito
y con las facultades necesarias para identificar a los
responsables de violaciones a los derechos humanos'' comprendidos
en las nominas de pago de la misma agencia, manifesto William
Schultz, integrante de la direccion de Amnistia.
Roth, de Human Rights Watch, pidio a Clinton que presente al
Congreso iniciativas de ley para la destitucion de todos los
agentes de la CIA involucrados en torturas, asesinatos o
desapariciones forzadas.
Tambien exigio el cese de la financiacion de organismos
acusados de esos mismos delitos, como el servicio de inteligencia
militar de Guatemala, al que pertenecio Alpirez, a menos que la
entidad del caso demuestre que esa paga se corresponde con
intereses nacionales de seguridad y no afecta el esfuerzo de
Estados Unidos en materia de derechos humanos. (FIN/IPS/tra-
Origen: Montevideo/DERECHOS HUMANOS/
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