Los procesos de privatización en América Latina
9. Conclusiones y orientaciones
Las privatizaciones realizadas en América Latina durante los últimos años ofrecen un conjunto de experiencias valiosas sobre el mejor modo de reducir el tamaño del sector público y de otorgar un mayor protagonismo a la iniciativa privada. La retirada del Estado empresario ha sido ordenada, de modo que las empresas públicas vendidas se encuentran en condiciones de actuar eficazmente en una economía globalizada.
El balance de estas experiencias privatizadoras está resultando positivo, favoreciendo el tan ansiado desarrollo de la región. Para los trabajadores son beneficiosas en el largo plazo, ya que muchas empresas estatales tenían sus plantillas sobredimensionadas y como consecuencia acumulaban cuantiosas pérdidas. Las reducciones de plantilla son ahora, para las empresas y, por tanto, para los trabajadores, un seguro de supervivencia a largo plazo. A su vez, el usuario se beneficia de un servicio que está siendo mejorado y abaratado gracias a la mayor competencia y eficiencia productiva que supone romper con los monopolios. Y para los gobiernos suponen mayores ingresos a corto por la enajenación de las empresas públicas y en el largo plazo las empresas privatizadas gestionadas eficientemente serán contribuyentes y no receptoras de subsidios.
Las privatizaciones de las empresas públicas en América Latina están permitiendo la eliminación de los déficits públicos y de los subsidios a las empresas, la desregulación de los sectores de la economía, el fomento de un ambiente competitivo y eficiente que da alicientes a la creación del empleo mediante regulaciones flexibles, así como a la creación de empresas. Esta mejora se está produciendo mediante cambios importantes en las estructuras de la producción, es decir, en el sector empresarial, mejorando la competitividad de las empresas al reducirse las posiciones monopolísticas y de privilegio.
Las empresas latinoamericanas están abandonando la cultura "proteccionista" y participan cada vez más en el sistema de libre mercado. Hay que considerar que las perspectivas de un elevado crecimiento económico dependen de la incorporación de un número creciente de empresas productivas a la economía internacional y también de la privatización de muchas empresas públicas que hasta ahora estaban operado al margen de la libre competencia.
Hay, sin embargo, aspectos en los que se podría mejorar. Por ejemplo, antes de poner en marcha el proceso privatizador, hay que garantizar un cuadro jurídico e institucional que favorezca la transparencia y que sobre todo asegure la correcta prestación de servicios a los ciudadanos1. Si a la privatización le falta una base legislativa, cabe el riesgo de que se bloquee por la inercia de la burocracia del Estado o que se desarrolle de un modo espontáneo y salvaje. La técnica más utilizada, según la OCDE, es la de crear una ley-marco, que determine las orientaciones generales de las privatizaciones. Esto permite agilizar la toma de decisiones por el organismo competente, ya sea un ministerio o una institución independiente constituida para poner en marcha el programa. Naturalmente, esas condiciones óptimas no siempre se dan.
Como los procesos de privatización son complicados y suelen llevar aparejadas largas negociaciones, conviene que las regulaciones sean claras ya que cuanta menos incertidumbre haya, más aumenta el valor de una empresa. En la práctica, esto anima a los inversores y acaba por reducir los precios de los servicios para el mismo consumidor. La exigencia de transparencia y de claridad es importante también para dar a conocer el estado de la empresa que se va a privatizar. En Argentina, por ejemplo, la evaluación de las cuentas de la empresa es una condición indispensable. Por eso, antes de proceder a la venta de una sociedad pública se encargan auditorías y se exponen balances y cuentas de resultados, para que los candidatos puedan conocer con exactitud cuál es la situación real.
Diferentes estudio señalan que en el sector de servicios públicos, cuando una empresa estatal es privatizada, generalmente, se consigue una mayor eficiencia y un coste más adecuado. Aunque ello depende de la actividad regulatoria de los gobiernos. Efectivamente, cuando los reguladores han sido efectivos la privatización beneficia a todos los sectores y a todas las clases económicas. Más aún, las clases menos privilegiadas tienden a ganar relativamente más que las clases más acomodadas y mejora la distribución de la renta.
Todavía hay un gran potencial en materia de privatizaciones en varios países latinoamericanos. El caso más notable es el de Brasil (ver tabla 2), donde todavía numerosas empresas pertenecen al Estado. Bolivia ha emprendido un ambicioso programa en 1995. Queda mucho por hacer en Venezuela, Paraguay, Ecuador y América Central. México ha dado marcha atrás en la privatización del sector petroquímico, muy sensible políticamente, pero tras la estela de Chile, Perú y Argentina ha dado luz verde a la participación del sector privado en la gestión del sistema de pensiones.
Por último, un tema en el que habrá que trabajar en el futuro es el de la disponibilidad de información para el público sobre los procesos de privatización. Por ejemplo, la publicación de un "libro blanco" que esté a disposición del público general y que permita juzgar temas tan importantes como la objetividad de la selección del banco de inversiones y el asesor, la valorización de la empresa, el precio base y los procesos de reclutamiento, la negociación y la precalificación de los compradores potenciales.
En síntesis, existe todavía un potencial enorme de privatizaciones en América Latina, basado a su vez en importantes necesidades de inversión en casi todos los sectores. Además, como la región está creciendo a tasas entre el 4 y 5% existe bastante optimismo sobre su futuro económico, a lo que se debe añadir unas condiciones de privatización mejores que en el pasado.
NOTAS
1. La privatización de la compañía argentina de Telecomunicaciones, ENTEL, es un buen ejemplo de la importancia de establecer un marco regulatorio, antes de emprender un proceso privatizador. En este caso, el régimen regulador no estuvo definido hasta el final del proceso, produciéndose varias e importantes modificaciones a lo largo de todo el proceso. Esto se debió a una decisión consciente del gobierno argentino de dar prioridad a la rapidez frente a la regulación del sector y transparencia en la privatización. Las tarifas efectivas aplicables no se decidieron a tiempo, ni tampoco la fecha límite para la presentación de las licitaciones, lo que probablemente fue determinante del escaso número de licitaciones que se recibieron. Las tarifas no se decidieron hasta que no se vendió la empresa.
