El manejo de las políticas de privatización:
reflexiones, dilemas, recomendaciones
El doloroso aprendizaje de la regulación
En prácticamente todos los países de la región, el tema más espinoso de las políticas de privatización es el que se refiere a los mecanismos regulatorios de las empresas privatizadas. El problema radica principalmente en la falta de referencias y experiencias (las de los países industrializados no son forzosamente aplicables a las situaciones de América Latina y el Caribe). Por consiguiente, el margen de interpretación de los gobernantes es muy amplio en este campo, al igual que la incidencia del contexto político, económico y social, y sobre todo, la incidencia del desarrollo del mercado.
En una situación ideal, tanto las normas como los mecanismos institucionales relativos a la regulación deberían estar claramente definidos antes de proceder a la privatización, de tal forma que dichas normas no sean "negociadas" con el comprador de la empresa. Sin embargo, en la realidad, son pocos los casos donde se ha podido respetar esta secuencia. A ello se añade el hecho de que una sana regulación por parte del Estado es producto de un proceso de aprendizaje por lo general largo y complicado. Además, la secuencia ideal es difícilmente viable porque, al retrasar las operaciones de privatización mientras se establece un marco regulatorio satisfactorio, la situación de la empresa sigue agravándose.
En muchos casos, la ineficiencia del Estado en el manejo de sus empresas estatales se traslada al ente regulador, pero con la ventaja de que, en principio, el manejo de dicho ente (que se reduce a una pequeña burocracia) es más sencillo que el manejo de la empresa. La descentralización a nivel de provincias o regiones también complica el manejo institucional de la regulación: ¿hasta qué punto una autoridad estatal descentralizada (y que por lo general recién ha recibido sus nuevas competencias administrativas) está en capacidad de cumplir a cabalidad su función de regular el sector privado?
En la práctica, la apertura a la privatización de un sector como las telecomunicaciones, por ejemplo, ha significado un apoyo al establecimiento de la competencia en dicho sector, con lo cual se evitan monopolios y se facilita la labor de la regulación.
