Brasil:
Legislación, Estructura Institucional e Historia

Fuente: BNDES (http://bndes.gov.br)

    Legislación

    El Programa Nacional de Privatización (PND) actualmente se rige por la Ley nº 9.491 de fecha 09-09-97, cuyo texto absorbió todas las modificaciones hechas a la Ley nº 8.031/90, con el objeto de modernizar el proceso de privatización.

    Una de estas modificaciones fue la creación del Consejo Nacional de Privatización (CND), conformado por Ministros de Estado, a través del cual se han ampliado las facultades de evaluación y de toma de decisión del Banco Nacional de Desarrollo (BND) que es el ente rector del Programa.

    La Ley nº 9.491 también introdujo la posibilidad de que los trabajadores pudieran hacer uso del Fondo de Indemnización de Prestaciones Sociales de los Empleados Públicos (FGTS) para la compra de acciones, en el marco del PND.

    El Decreto nº 1.068, de fecha 03-02-94, incluye en el PND todas las participaciones minoritarias controladas por fundaciones, entes, compañías anónimas, sociedades por acciones públicas y privadas y otros entes y que estén directa o indirectamente controlados por la Unión Federal.

    Las Enmiendas Constitucionales aprobadas por el Congreso Nacional en 1995 también son muy importantes para el desarrollo del Programa: apertura de servicios para explotar gasoductos para intereses privados, finalización de la distinción entre la empresa brasileña y la empresa brasileña con capital nacional, autorización de las empresas creadas bajo las leyes brasileñas y con sede y domicilio en el País para que hagan exploraciones de minas y yacimientos, así como también la autorización a la Unión Federal para que suscriba contratos con las compañías privadas con el fin de desarrollar actividades relacionadas con la explotación de los servicios de telecomunicaciones y petróleo crudo. Estas medidas deberán proporcionar un mayor atractivo en lo que respecta a privatizaciones futuras.

    El campo de acción del PND ha sido ampliado por el actual gobierno, y comenzó a cubrir no sólo la venta de compañías, sino también la transferencia del control de las empresas transportadoras al sector privado y licitaciones para nuevas concesiones relacionadas con la explotación de servicios públicos por parte de las empresas privadas.

    En este sentido, la aprobación de la Ley nº 8.987, en la que se definen las nuevas concesiones y permisos para los servicios públicos, fue de suma importancia. Esta Ley se aplica fundamentalmente a los sectores de energía eléctrica y transporte, incluyendo en éste último los sistemas de carreteras, ferroviarios y puertos.

    En 1995, también se aprobó la Ley nº 9.074, que se aplica a las concesiones de obras y servicios públicos, en particular a los servicios de energía eléctrica, haciendo posible su transferencia al sector privado.

    Durante el año fiscal 1996, se hicieron enmiendas a la ley relacionada con el Programa Nacional de Privatización (PND). Vale la pena mencionar aquellas enmiendas introducidas en la Ley 8.031/90, que permiten a la Comisión Nacional de Privatización (CND), a solicitud de los Estados y Condados, llegar a acuerdos con éstos, de manera tal que los procedimientos de la Ley 8.031/90, puedan ser utilizados en la privatización de sus compañías, pudiendo además determinar que esos procedimientos previstos en la ley específica del sector en el que opera la compañía sean adoptados en los procesos de privatización.

    Asimismo en 1996, mediante el Decreto nº 2.077/96, se hicieron enmiendas al Decreto nº1.204/94, que regula el PND, permitiendo al CND establecer a su juicio procedimientos simplificados, incluyendo el establecimiento de un precio mínimo, en la privatización de los servicios públicos.

    La Enmienda Constitucional nº 13/96 abolió el monopolio del estado para el sector de reaseguros, permitiendo, en consecuencia, la participación de las empresas privadas en el sector.

    El Decreto nº 2.003/96 reguló la producción de energía eléctrica por parte de productores independientes, y por los productores autónomos, a través de concesiones o autorizaciones.

    Con la Ley nº 9.427/96 se creó la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de regular e inspeccionar la producción, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica, de conformidad con las políticas y lineamientos del Gobierno Federal.

    Igualmente se promulgó la Ley nº 9.295/96 regulada por el Decreto nº 2.056/96, con la cual se estableció el Servicio Móvil Celular, a ser suministrado sin exclusividad y bajo concesión, en áreas delimitadas del Territorio Nacional.

    Se presentó ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley nº 2.648/96, que está relacionado con la nueva organización general de servicios de telecomunicaciones, la creación de un ente regulador, y otros aspectos institucionales relacionados con el sector.

    El Recurso Provisional nº1.514/96, estableció mecanismos con el propósito de estimular la reducción de la participación del sector público en las actividades financieras de la banca y en la privatización de las instituciones financieras.

    Estructura Institucional

    La estructura institucional del Programa Nacional de Privatización (PND) está conformado por dos agentes principales: El Consejo Nacional de Privatización (CND), que es un ente de toma de decisiones, y el BNDES, en calidad de gerente del Fondo Nacional de Privatización (FND). El CND es el ente de toma de decisiones superior al PND, y depende directamente del Presidente de la República. Este Consejo está conformado por los Ministros de Estado de Planificación, Tesoro Público, Comercio y Turismo, Administración Federal y Reforma del Estado, así como también por el Ministro Principal de la Casa Civil de la Presidencia de la República. Por otra parte, el CDN también depende de la participación de los Ministros cuya presencia se exige según el sector al que esté subordinada la compañía que será privatizada., así como el Presidente del Banco Central cuando se trate de la privatización de instituciones financieras.

    La inclusión y/o exclusión de compañías, instituciones financieras, servicios públicos o bienes en o del PND es tarea exclusiva del Presidente de la República y deberá hacerse mediante un decreto específico.

    El BNDES ha sido designado gerente del FND, un fondo de naturaleza contable, donde se depositan las acciones de las compañías a ser privatizadas. En su calidad de gerente del FND, el BNDES gerencia, vigila y ejecuta la venta de las compañías incluidas en el PND.

    Historia del Programa

    Por muchos años la privatización ha sido parte de la agenda nacional y ha pasado por varias etapas características.

    En los años 80

    "Reprivatización" de 38 compañías.

    Se recaudaron aproximadamente 780 millones de dólares.

    Esta etapa se caracterizó por la "reprivatización" de compañías que habían sido absorbidas por el Estado, en la mayoría de los casos debido a problemas de tipo financiero. El gobierno aún no tenía la intención de instrumentar un programa a gran escala. Las pequeñas empresas fueron privatizadas y los resultados económicos fueron conservadores (780 millones de dólares). El objetivo principal era evitar que el gobierno ampliara su presencia en el sector de la producción, y no la generación de ingresos para el Tesoro.

    1990/1992

    Creación del PND (Ley 8031/90).

    Inclusión de 68 compañías al Programa.

    Privatización de 18 compañías del sector siderúrgico, de fertilizantes, y petroquímico;

    Se recaudó un total de 4 mil millones de dólares.

    Se utilizaron bonos del Estado como forma de pago;

    El establecimiento del Programa Nacional de Privatización (PND) en 1990 hizo que la privatización se convirtiera en una parte integrante de las reformas económicas iniciadas por el gobierno. El alcance y ámbito de la privatización se han ampliado significativamente. Por ejemplo, la venta de Usiminas en 1991 permitió recaudar más del doble del valor obtenido en los años 80. Por lo tanto, el PND concentró sus esfuerzos en la venta de compañías del Estado productivas que pertenecían a sectores previamente estratégicos para el desarrollo del país, lo que explica la inclusión de compañías siderúrgicas, petroquímicas y de fertilizantes en el Programa.

    La prioridad que se le asignó al ajuste fiscal en este período se tradujo en el uso masivo de las denominadas "monedas de privatización" (bonos que representan la deuda pública federal) para la adquisición de las empresas del estado.

    1993/1994

    Culminación de la privatización del sector siderúrgico.

    Enfasis en el uso de la moneda de curso legal.

    Privatización de 15 compañías.

    Recaudación de un total de 4.500 millones de dólares.

    Venta de participaciones minoritarias.

    Se intensificó el proceso de transferencia de compañías productivas a los intereses privados y se observó la culminación de la privatización de las compañías del sector siderúrgico. El uso de una mayor tasa porcentual de fondos en moneda de curso legal en cada operación de privatización no reducirá la importancia de las denominadas "monedas de privatización" en el PND. Con el propósito de ampliar y democratizar el Programa, se han introducido cambios en la legislación de tal forma que permitan incrementar el uso de créditos como forma de pago, basados en el Tesoro Nacional, la venta de participaciones minoritarias – controladas directa o indirectamente por el Estado - y la eliminación de la discriminación hacia los inversionistas extranjeros, permitiendo su participación hasta un 100% del capital con derecho a voto de las compañías a ser privatizadas.

    1995-1996

    Establecimiento del Consejo Nacional de Privatización (CND).

    Expansión del PND.

    Concesiones de servicios públicos a la empresa privada .

    Inclusión de la Cia Vale do Rio Doce – CVRD.

    Apoyo a las privatizaciones del Estado.

    Un total de 19 privatizaciones.

    Se recaudó un total de 5.100 millones de dólares

    A partir de la toma de posesión del nuevo gobierno en 1995, se le asignó una prioridad máxima al programa de privatización. El PND es considerado uno de los principales instrumentos para la reforma del Estado y una de las partes integrantes del programa de gobierno.

    El Consejo Nacional de Privatización (CND) fue establecido como sustituto de la Comisión Directiva mientras que la privatización de las compañías del Estado que actúan en el segmento industrial está a punto de culminar.

    Se inició una nueva fase del PND en la cual los servicios públicos están siendo transferidos a manos privadas. El cronograma incluye los sectores de energía eléctrica y las concesiones en las áreas de transporte y telecomunicaciones, lo que incorpora, a los objetivos del PND, una mejora en la calidad de los servicios públicos suministrados a la sociedad brasileña, al aumentar las inversiones a ser realizadas por las nuevas empresas que controlan el sector.

    Esta nueva etapa también está caracterizada por el inicio del proceso de privatización de las compañías del Estado, bajo la responsabilidad de los estados correspondientes, que ha contado con el apoyo del Gobierno Federal.

    1997

    Venta de la Companhia Vale do Rio Doce – CRVD.

    Culminación de la privatización de la Red Federal de Ferrocarriles – RFFSA con la venta de la red del noreste.

    Se realizaron tres subastas, según el Decreto nº 1.068/94.

    Arrendamiento del terminal de contenedores Tecon-1 en Santos.

    Se aceleró el proceso de privatización de las compañías del Estado, bajo los auspicios de los respectivos estados.

    Ingresos de 4.265 millones de dólares para el 31-12-97.

    La privatización en Brasil, que anteriormente estaba restringida casi exclusivamente a las compañías y a las acciones en el PND, Programa Nacional de Privatización, alcanzó una nueva dimensión en 1997 con la venta acelerada de las compañías del Estado. La mayor parte de estas privatizaciones contaron con el respaldo del BNDES.

    La Cia de Eletricidade do Rio de Janeiro – CERJ, Cia Estadual de Gás do Rio de Janeiro - CEG, Riogás S.A., Cia de Electricidade do Estado da Bahia – COELBA y las compañías de distribución Norte/Noreste y Oeste/Centro del CEEE han sido vendidas en su totalidad. Tomando en cuenta la venta de las acciones minoritarias del Estado en compañías tales como Cia. Riograndense de Telecomunicacoes – CRT y la Cia de Eletricidade de Minas Gerais – CEMIG, los resultados de las privatizaciones estatales para el 31-12-97 alcanzan aproximadamente un monto de 14.900 millones de dólares.

    Entre los hechos de mayor importancia se encuentran el inicio, en 1997, de la privatización del sector de telecomunicaciones. Las concesiones de telefonía móvil celular fueron subastadas en tres áreas, por un monto de 4 mil millones de dólares. La venta de las compañías de telecomunicaciones en manos del Estado fue posible cuando se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, el 16-07-97.

    Resultados por período
    (en millones de dólares)

    Período

    Privatizaciones

    Ingreso por Venta (moneda de curso legal)

    Ingreso Total por Venta

    % (Moneda de Curso Legal)

    1991/92

    18

    49

    4.015

    1,2

    1993/94

    15

    1.590

    4.593

    34,6

    1995

    8

    327

    1.003

    32,6

    1996

    11

    3.057

    4.080

    74,9

    1997

    4

    4.073

    4.265

    95,5

    Total

    56

    9.096

    17.956

    50,6

 

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