Desde hace algunos años, el mundo de las Telecomunicaciones cambia a gran velocidad. Dos factores distintos, aunque complementarios contribuyen a ello. Por un lado, la tecnología digital, que está en la base de la aparación de nuevas soluciones y productos que a su vez, evolucionan de una manera continua. Por otro lado, las profundas modificaciones del marco legal para liberalizar y consecuentemente introducir la competencia en la construcción de infraestructuras y en la explotación de los servicios. Estos cambios impulsan una evolución de grandes repercusiones. Las más significativas derivan de la convergencia creciente de las Telecomunicaciones con la Informática y el Audiovisual en el llamado hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En los próximos años, todas las predicciones señalan que el crecimiento esperado de las Telecomunicaciones va a ser espectacular. Sin embargo, la actual importancia del sector, no solo se debe al volumen de negocio que en sí mismo genera, hoy día supone ya más del 6% del PIB mundial, sino al hecho de que se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento y del desarrollo económico.
Por añadidura, el sector de las telecomunicaciones adquiere capital importancia desde un punto de vista social. Las nuevas tecnologías están revolucionando las relaciones sociales, laborales y culturales con consecuencias, hoy por hoy, impredecibles. Se está gestando lo que ha venido en llamarse la Sociedad de la Información, en la que todos los países desarrollados aspiran a figurar entre los miembros destacados.
Los cambios tecnológicos y legislativos, son a la vez causa y efecto de la liberalización del sector, de la globalización, la privatización y la competencia.
El mundo camina en ese sentido, evolucionando desde la concepción estatal de los antiguos monopolios, a la consideración de las Telecomunicaciones como servicios de interés económico general, promovidos por la iniciativa privada. Todo ello dentro de un marco que, sin dejación de la tutela que le corresponde a los Estados, hará cada vez más dificil el establecimiento de restricciones a la entrada de nuevos operadores.
En Europa, la aparición en el año 1987 del Libro Verde de las Telecomunicaciones, significó la puesta en marcha de un proceso imparable en el que estamos inmersos todos los estados miembros. Las directivas aparecidas desde entonces, han definido el marco final que debe regir nuestros mercados y que se fundamentan en una total liberalización de equipos, servicios e infraestructuras.
En este horizonte de competencia y privatizaciones, todas las administraciones europeas han asumido como exigencia irrenunciable la incorporación y la plena garantía del servicio universal. En la actualidad, el servicio universal afecta a lo que es el servicio básico de telefonía. En el futuro este concepto se irá enriqueciendo con otros servicios en función de las repercusiones que adquieran en la cohesión económica y social del Estado.
Todos los países comunitarios han venido preparándose para esta mutación. Han ido adecuando sus legislaciones a la nueva orientación y potenciando a sus operadores con el fin de que puedan hacer frente a la compotencia internacional. Como una de sus consecuencias estamos asistiendo estos últimos meses a la configuración de alianzas estratégicas y de fusiones entre operadores, que buscan reforzar sus posiciones para afrontar con garantías la nueva situación.
Sin embargo, al asumir su responsabilidad el nuevo Gobierno hace escasos meses, el sector se caracterizaba por la existencia de un monopolio telefónico en fase de rápida privatización y por un proceso de liberalización que afectaba en mayor o menor medida al resto de servicios. No obstante, existían en la legislación carencias acusadas que impedían el normal desarrollo del mercado. Salvo en la telefonía móvil, los efectos de la liberalización han sido apenas perceptibles, existiendo frecuentes conflictos entre operadores en el ejercicio de la competencia.
Como premisa mayor, cabe decir, que el Gobierno cree firmemente en el libre comercio y en la iniciativa privada. Por lo tanto, asume el proceso de liberalización de las Telecomunicaciones, no como una imposición, sino con el pleno convencimiento de que la competencia es el mejor vehículo para disponer de unas comunicaciones técnicamente avanzadas, más variadas y con mejores precios. Ahora bien, una liberalización brusca puede distorsionar las propias reglas de la competencia. Este razonamiento lo asumió como propio el Consejo de Ministros de la Unión Europea en el año 93. En virtud del mismo, concedió a España un período transitorio adicional para que acometiese los ajustes estructurales necesarios en un marco de liberalización restringida. Los logros conseguidos desde entonces en la extensión del servicio universal, la digitalización de las redes y en la reestructuración de tarifas, nos permite avanzar que España sólo utilizará en pequeña medida dicho periodo para completar el proceso y organizar el mercado.
En la actualidad, estamos inmersos en la concreción de la fase de transición que debe insertar a España en el esquema internacional del sector de las telecomunicaciones. Al haber ido más lento en el pasado que el resto de socios comunitarios hace que ante la proximidad de los compromisos de fecha asumidos, sea necesario abordar rápidamente cuestiones todavía no resueltas.
Las líneas generales del modelo de transición diseñado por el Gobierno, quedaron perfiladas en el Real Decreto-Ley del pasado 7 de Junio.
De entre las diversas medidas recogidas en el decreto cabe destacar la definición de las bases para la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Dicho organismo está llamado a ser una pieza fundamental en todo el proceso de transición.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá como primera función la administración de aquellos ámbitos donde los recursos sean escasos. Es decir, a la administración del espectro radioeléctrico, todo lo que afecta a la numeración de los operadores, los derechos de paso, las licencias, etc.
Por añadidura, tendrá que arbitrar en los conflictos y deberá garantizar la existencia de competencia limpia y libre. Será el órgano encargado de velar por la existencia de tarifas equitativas en todos aquellos que tengan redes y hayan de realizar interconexiones.
Tendrá, también, atribuciones de asesoramiento al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales y, finalmente, tendrá potestad sancionadora.
Otro de los ejes fundamentales en el modelo de transición diseñado para España, es la creación de un segundo operador de redes de extensión nacional habilitado para prestar servicios de voz. Con esta medida se pretende aprovechar la existencia de unos activos incorporables de manera mucho más rentable al mundo de las telecomunicaciones y al mismo tiempo, canalizar la capacidad inversora nacioanal deseosa de hacerlo en este sector.
Por último, el Real Decreto-Ley de Junio también introdujo las modificaciones legislativas a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones por Cable para hacer legalmente posible las anteriores medidas y adaptar el marco jurídico vigente a las nuevas condiciones de mercado.
Otra de las acciones acometidas desde el Ministerio, ha sido la promulgación del reglamento de la Ley del Cable publicado el pasado mes de septiembre. Con él, se impulsa definitivamente la creación de un marco estable que permita el esperado desarrollo de este tipo de redes. Hecho que, sin lugar a dudas, dinamizará el volumen inversor en el sector.
En meses próximos verán la luz otras nuevas medidas del Gobierno relacionadas con el sector. Se presentará en el Parlamento un proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que establecerá las condiciones en las que se desarrollará la explotación de redes y servicios de telecomunicaciones en España en un entorno plenamente liberalizado. Se realizará la privatización del segundo operador de telecomunicaciones. Se promoverá la modernización y potenciación del sector, convocando diversas licencias que permitan la prestación de nuevos servicios de telecomunicación a la sociedad española. Los concursos para la implantación de las telecomunicaciones por cable están a punto de ponerse en marcha de manera gradual en distintas demarcaciones; la TV digital puede ser próximamente una realidad, en una plataforma española que potencie los intereses y la cultura nacionales.
Con la adopción de todas estas medidas, el objetivo primordial de la labor del gobierno es favorecer el desarrollo del sector e incrementar el valor añadido nacional con la creación de actividad económica y de puestos de trabajo. Para ello, debe promoverse por la iniciativa privada la implantación de nuevas infraestructuras y una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones. La Administración velará por el equilibrio entre los distintos intereses en juego, con la finalidad de aunar esfuerzos y situar a nuestro pais en una posición privilegiada para su integración en la ya inminente Sociedad de la Información del siglo XXI.
Por tales razones, en este momento relevante en la transformación del mundo de las telecomunicaciones españolas, considero de gran interés aprovechar la oportunidad que me brinda la Asociación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de comentar estas breves consideraciones. Soy consciente al hacerlo de dirigirme al colectivo profesional más caracterizado del sector de mayor porvenir e importancia para nuestro país. La publicación del número 100 de la revista BIT coincide así, con el probable inicio de una etapa de mayor auge y expansión gracias a la competencia a que conduce la liberalización.
Quiero agradecer, por último, la contribución del Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación al desarrollo de las Telecomunicaciones en España, y exhortar a todos los asociados a continuar un esfuerzo que las telecomunicaciones necesitan.
