Los días 22 al 23 de enero de 1996, se realizó en Lima, Perú, la I Conferencia de América Latina y el Caribe sobre la Privatización, bajo los auspicios de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada del Perú (COPRI), el Banco Mundial y la Secretaría Permanente del SELA, con el objeto de crear una instancia informal que permitiera el encuentro entre los privatizadores y facilitara el intercambio de ideas y experiencias entre los actores que participan en los procesos de privatización.
En esa oportunidad se acordó establecer la Red Latinoamericana y Caribeña para la Privatización, cuyos objetivos fundamentales son: i) Proporcionar una instancia para el diálogo y el intercambio de información, ideas y experiencias entre los organismos públicos que participan en los procesos de privatización; la banca de inversión privada regional y extrarregional y las firmas consultoras que participan en los procesos de privatización; las empresas privatizadas, representantes sindicales y expertos; organizaciones regionales e internacionales; y las agencias bilaterales de desarrollo; ii) Examinar los procesos de privatización que se llevan a cabo a nivel regional, su impacto económico y social, y sus perspectivas, así como analizar la evolución de los marcos regulatorios y legales establecidos en el contexto de las políticas de privatización; y iii) Apoyar la coordinación de acciones e iniciativas de cooperación regional e internacional que se desarrollan en materia de privatización.
Para el primer año de ejercicio, el Comité Ejecutivo de la Red quedó integrado por los gobiernos de Perú (Presidencia), El Salvador y el Banco Mundial. La Secretaría Técnica de la Red quedó cargo de la Secretaría Permanente del SELA.
Los participantes de la Conferencia también acordaron abordar los temas de la privatización del sector social (educación, salud y fondos de pensión) y la privatización a nivel de los gobiernos locales (gobernaciones y alcaldías) en la II Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Privatización, a celebrarse en Santiago, Chile, en 1997, gracias al gentil ofrecimiento hecho por el gobierno de ese país.
